El Ayuntamiento de Carbajosa, obligado a abonar los salarios de un trabajador tras una sanción anulada por la Justicia

El Juzgado de lo Social número 1 de Salamanca ha anulado la sanción impuesta por el Ayuntamiento de Carbajosa a un trabajador de un programa de formación, condenándole a abonarle los salarios que dejó de percibir y a proporcionarle la formación necesaria para obtener la certificación oficial del SEPE.

La resolución, que ya es firme, concluye que la suspensión de empleo y sueldo de tres meses carecía de justificación suficiente.

Los hechos se remontan a septiembre de 2024, cuando el Consistorio impuso una sanción disciplinaria al empleado por supuestas faltas de asistencia injustificadas, así como por otros incumplimientos recogidos en el informe de secretaría, como desinterés hacia la parte teórica, faltas de respeto al equipo docente y mal uso del material de trabajo.

Sin embargo, la sentencia desmonta este argumento al considerar que el informe de secretaría de la administración local, no concreta hechos genéricos y no relata las circunstancias concretas.

Según el fallo, no puede considerarse falta de asistencia lo que, en todo caso, sería una cuestión de puntualidad justificada por instrucciones superiores.

El tribunal concluye que la sanción vulneró los derechos del afectado, quien, además de perder ingresos durante tres meses, vio interrumpida su formación en el programa de empleo, lo que le impedía obtener la certificación profesional requerida.

Ahora, el Ayuntamiento deberá restituir los salarios pendientes y garantizar que el trabajador complete la formación necesaria.

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Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Carbajosa para conocer su postura sobre la sentencia.

Fuentes municipales han señalado que “la resolución judicial no cuestiona la gestión del Consistorio, sino que se centra en aspectos concretos de las relaciones laborales dentro de un Programa Mixto de Formación y Empleo, financiado por la Junta de Castilla y León y tutelado por el Ayuntamiento”.

Desde el equipo de Gobierno insisten en que “se ha actuado en todo momento conforme a los principios de legalidad y transparencia, siguiendo las indicaciones de los responsables técnicos del programa”.

Además, subrayan que “como administración pública, nuestra labor es garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y velar por el adecuado uso de los fondos públicos”.

En este sentido, defienden que el procedimiento seguido se ajustó a la información y directrices recibidas por los responsables del programa y remarcan que todas las actuaciones han estado dentro del marco legal.