El PP lleva al Congreso el ERE de Majorel que golpea a Carbajosa y acusa a Yolanda Díaz de “electoralismo”
Los populares registran una iniciativa para reforzar la vigilancia sobre el expediente y exigen al Gobierno que garantice la legalidad del proceso mientras critican el “ruido político” generado por la ministra.
El conflicto laboral abierto en la multinacional de atención telefónica Majorel sigue escalando al terreno político.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para exigir al Gobierno central un seguimiento exhaustivo del expediente de regulación de empleo anunciado por la compañía y reforzar la protección de los trabajadores afectados.
La iniciativa responde al proceso de ajuste laboral planteado por la empresa, que contempla la salida de 239 trabajadores en el conjunto del país, de los cuales 169 corresponden al centro ubicado en Carbajosa, el más afectado por el expediente.
Según recoge el texto presentado por los populares, el impacto del ERE es especialmente sensible en la provincia de Salamanca, donde el mercado laboral tiene menor capacidad de absorción que en otros grandes núcleos urbanos.
A ello se suma el perfil de la plantilla afectada, integrada mayoritariamente por mujeres de entre 35 y 55 años, muchas con cargas familiares y con una antigüedad media de entre 15 y 20 años, lo que podría dificultar su recolocación.
Vigilancia del expediente y protección de los trabajadores
Con la PNL, el PP solicita que el Ejecutivo refuerce la vigilancia institucional sobre el expediente para garantizar que las causas alegadas por la empresa se ajustan a la legalidad y que se protegen al máximo los derechos de los trabajadores durante todo el proceso.
Entre las medidas planteadas se incluye que el Gobierno supervise el periodo de consultas del ERE, realice advertencias o recomendaciones si procede y active mecanismos de mediación si las partes lo solicitan, con el objetivo de facilitar acuerdos que reduzcan el impacto sobre el empleo.
La iniciativa también propone impulsar la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para verificar la documentación presentada por la empresa y comprobar la concurrencia de las causas organizativas y productivas alegadas para justificar los despidos.
Además, el PP plantea diseñar un plan específico de acompañamiento y recolocación para las personas afectadas, coordinado con las comunidades autónomas y los servicios públicos de empleo, que incluya medidas de recualificación profesional y atención especial a colectivos con mayores dificultades de inserción laboral.
Críticas a Yolanda Díaz
En paralelo, el Partido Popular de Salamanca ha criticado las declaraciones realizadas ayer por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quien acusa de realizar un uso “electoralista” del conflicto laboral.
Los populares consideran que la ministra está utilizando “una situación delicadísima para cientos de familias” con fines políticos y recuerdan que la autoridad competente en la tramitación de este expediente es el Ministerio de Trabajo, por lo que, si existen indicios de irregularidades, debería actuar conforme a sus competencias.
En este sentido, el PP sostiene que las declaraciones públicas de Díaz no coinciden con el contenido de una carta remitida a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, en la que, según explican, el propio Ministerio reconoce que el procedimiento se encuentra en fase ordinaria de tramitación y en periodo de consultas.
Debate institucional abierto
Desde el partido también critican que la ministra haya instado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a intervenir en el asunto, ya que, afirman, las competencias en materia de regulación del expediente corresponden al Gobierno central.
Es ya una constante que el Gobierno central mire hacia otro lado con los problemas industriales de esta Comunidad. Ayer, de nuevo, intenta cargar sobre la Junta unas competencias que no le corresponden y que ella misma reconoce por escrito que son estatales”, detallan.
“Los trabajadores no necesitan propaganda, necesitan certezas, protección y alternativas. Desde el PP reiteramos nuestro compromiso con la plantilla de Majorel y con sus familias, y exigimos al Gobierno que: actúe con rigor y seriedad en la tramitación del expediente; aclare si, como dice públicamente, considera que existe un fraude y actúe en consecuencia; y deje de utilizar a los trabajadores y sus problemas como herramienta electoral”, zanjó el PP.
Mientras continúa el proceso de negociación entre la empresa y la representación sindical, el debate político en torno al ERE sigue creciendo. Los populares reclaman al Ejecutivo que actúe con “rigor y seriedad” en la tramitación del expediente y que se exploren alternativas que permitan evitar o reducir los despidos previstos, especialmente en territorios como Salamanca, donde el impacto social podría ser mayor.
El expediente de Majorel se ha convertido así en uno de los asuntos laborales con mayor repercusión en la provincia en las últimas semanas, con un foco especial en Carbajosa, donde se concentra el grueso de los empleos afectados.
