Carbajosa enseña las cartas de los radares: 11.000 sanciones, informes y accidentes

Los radares han sido, sin duda, uno de los asuntos que más debate han generado en Carbajosa durante los últimos meses.

Entre críticas, defensas, dudas vecinales y debates políticos, los dispositivos de control de velocidad se han convertido en uno de los temas más comentados dentro y fuera del municipio.

Ahora, el Ayuntamiento ha decidido responder con datos.

A través de un extenso informe, en el que repasa la actividad desarrollada por la Policía Local durante 2025 y los criterios que motivaron la instalación de los radares, el Consistorio sostiene que las decisiones adoptadas no responden a un objetivo recaudatorio, sino a una estrategia de seguridad vial basada en informes técnicos previos y en la necesidad de actuar sobre puntos donde existían riesgos detectados.

El documento llega además en un momento especialmente relevante, ya que será a mediados de junio cuando Carbajosa reciba previsiblemente la primera liquidación económica procedente de las sanciones tramitadas a través de REGTSA.

132 accidentes y casi 700 actuaciones policiales

Uno de los argumentos principales son los propios datos de actividad de la Policía Local.

Según la memoria correspondiente a 2025, los agentes realizaron un total de 678 actuaciones relacionadas con tráfico, seguridad ciudadana, medio ambiente, colaboración institucional y distintos servicios municipales.

Dentro de esas intervenciones destacan especialmente los 132 accidentes de tráfico registrados durante el año, una cifra que sitúa la siniestralidad vial como una de las principales áreas de trabajo de la Policía Local.

A ello se suman 195 denuncias de tráfico ordinarias, 100 permisos de ocupación de vía pública, 71 identificaciones de vehículos, 68 incidencias y denuncias vecinales relacionadas con el tráfico, 59 actuaciones de regulación circulatoria y 56 intervenciones relacionadas con animales.

Para el Ayuntamiento, estos datos deben analizarse teniendo en cuenta la realidad de Carbajosa, un municipio con una elevada movilidad diaria, una intensa actividad empresarial y comercial y miles de desplazamientos diarios entre zonas residenciales, polígonos industriales, centros educativos y espacios de ocio.

Los radares no nacieron en 2025

Uno de los aspectos sobre los que más insiste el Consistorio es que la instalación de los radares no fue una decisión improvisada.

Según explica, los primeros informes emitidos por la Policía Local se remontan a 2023, cuando los agentes ya planteaban la necesidad de introducir medidas de calmado del tráfico en determinados puntos del municipio.

Entre las alternativas estudiadas figuraban tanto la instalación de radares como la ejecución de elementos físicos reductores de velocidad.

Aquellos informes señalaban especialmente zonas como la avenida de Carbajosa dentro del polígono industrial, la calle Salamanca y otros viales como Gil de Hontañón, Juan de Herrera, Oeste, Santa Marta o Newton, donde confluyen peatones, tráfico rodado, accesos a centros educativos, parques y áreas comerciales.

Posteriormente, el 16 de mayo de 2025, la Policía Local elaboró un nuevo informe específico sobre la señalización viaria tras la colocación de las cabinas destinadas a albergar los radares.

Ese documento revisaba los límites de velocidad aplicables en función de la normativa vigente y proponía la instalación o reposición de señales de limitación de velocidad y de advertencia de velocidad controlada mediante radar.

Más de 11.000 sanciones en medio año

El dato más llamativo del informe llega al analizar las sanciones registradas por el cinemómetro desde su entrada en funcionamiento.

En la cabina situada en el puente de acceso al municipio, se tramitaron 27 sanciones durante agosto de 2025, 109 en septiembre, 111 en octubre y otras cuatro durante el primer día de noviembre.

Sin embargo, el grueso de las denuncias se concentró posteriormente en la avenida de Carbajosa, donde el radar comenzó a funcionar el 12 de noviembre de 2025.

Desde entonces y hasta abril de 2026 se registraron 990 sanciones en noviembre, 2.156 en diciembre, 2.630 en enero, 1.988 en febrero, 1.723 en marzo y 1.576 en abril.

En conjunto, los datos reflejan más de 11.000 expedientes sancionadores tramitados en apenas seis meses de funcionamiento.

Una cifra que inevitablemente alimenta el debate sobre el impacto económico de los radares, aunque desde el Ayuntamiento insisten en que la lectura debe realizarse desde otro enfoque.

"El problema no son las multas, sino las velocidades"

La interpretación que realiza el equipo de Gobierno es clara: para el Ayuntamiento, el elevado número de sanciones evidencia que existía un volumen importante de conductores circulando por encima de los límites establecidos precisamente en aquellos puntos donde los informes policiales habían detectado riesgos.

El Consistorio sostiene que el objetivo de los radares no es recaudar, sino reducir la velocidad media de circulación, disminuir el riesgo de atropellos, proteger a peatones y trabajadores y mejorar la seguridad vial en zonas especialmente sensibles. 

En este sentido, recuerdan que la propia Policía Local ya venía detectando velocidades elevadas mediante paneles informativos y radares pedagógicos antes de la puesta en funcionamiento de los dispositivos sancionadores.

A la espera de conocer la primera liquidación

Uno de los aspectos que más expectación ha generado durante los últimos meses ha sido la posible recaudación obtenida mediante las sanciones.

Sin embargo, el Ayuntamiento aclara que la gestión y tramitación económica corresponde a REGTSA y que, hasta la fecha, no se ha recibido ninguna liquidación.

La previsión municipal es que la primera llegue a mediados de junio, momento en el que comenzará a conocerse con mayor precisión el impacto económico real derivado de las sanciones.

Mientras tanto, el equipo de Gobierno mantiene que el debate debe centrarse en la seguridad vial y no exclusivamente en la recaudación.

Un debate que sigue abierto

La implantación de los radares ha generado opiniones muy distintas entre vecinos, conductores y representantes políticos.

Para unos, los dispositivos han contribuido a reducir velocidades en determinados puntos del municipio. Para otros, el elevado número de sanciones evidencia que la medida debería haberse acompañado de otras actuaciones complementarias.

Lo que parece indiscutible es que la velocidad y la seguridad vial se han convertido en uno de los grandes asuntos de debate municipal durante los últimos meses.

Y los datos conocidos ahora permiten, por primera vez, poner cifras concretas a una discusión que hasta ahora se había movido principalmente entre opiniones, percepciones y posiciones políticas enfrentadas.