La puerta se entreabre: el IBI podría bajar si las cuentas lo permiten en 2027

El debate sobre el IBI volvió a encender el pleno de presupuestos celebrado hoy y dejó una frase clave sobre la mesa: si las cuentas lo permiten, el Ayuntamiento estudiará una posible bajada del impuesto en 2027.

No es un anuncio cerrado ni una promesa firme, pero sí un cambio de discurso relevante tras subidas, contención y ajustes forzados por el contexto económico.

Desde el equipo de Gobierno, el primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, José Álvarez, defendió que Carbajosa ha pasado más de una década sin actualizar tasas y precios públicos al IPC, asumiendo con recursos propios un desfase que, según los cálculos municipales, alcanza un 27% de incremento acumulado.

Ese esfuerzo, remarcó, se sostuvo mientras la situación económica lo permitió, hasta que a partir de 2020 la subida generalizada de costes, energía, servicios y materias primas empezó a tensionar seriamente las cuentas.

En ese contexto se tomó en 2023 la decisión más polémica: la subida del IBI. Una medida que el propio Gobierno municipal reconocía como “muy difícil de tomar” y poco popular, pero que justificaban como necesaria para garantizar la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento.

Según explicó Álvarez, durante años el Consistorio llegó a financiar parcialmente servicios mediante tasas que no reflejaban su coste real, algo que dejó de ser viable cuando la inflación se disparó.

El responsable económico situó el debate en su contexto histórico y técnico, recordando que la actualización del valor catastral fue una imposición estatal iniciada en 2014, cuando la Dirección General del Catastro detectó que Carbajosa arrastraba valores desfasados desde el año 2000, con un diferencial cercano al 70% respecto a otros municipios. Aquella revisión contemplaba aplicar ese incremento de forma progresiva durante diez años. Tras una primera subida del 10% en 2015, el Ayuntamiento optó por neutralizar el impacto real en los recibos, reduciendo el tipo de gravamen en la misma proporción para que el IBI no aumentara.

En 2016 se mantuvo esa línea y, un año después, en 2017, el equipo de Gobierno decidió suspender las subidas pendientes, congelando los valores catastrales y renunciando al incremento total previsto, una decisión que permitió contener la carga fiscal durante años, pero que también limitó el margen de ingresos municipales a medio y largo plazo.

Carbajosa optó entonces por congelar el impacto real en los recibos, bajando el tipo impositivo para compensar la subida del valor catastral. Una decisión que, vista con perspectiva, contuvo el golpe fiscal durante años, pero que también limitó ingresos cuando llegaron los momentos más duros.

Ahora el escenario, deicen, empieza a cambiar. La gratuidad del transporte metropolitano, la bajada de algunos costes energéticos y una mayor estabilidad presupuestaria permiten, según el Gobierno local, abrir la puerta a una revisión del IBI. Eso sí, con una condición clara: antes habrá un estudio técnico exhaustivo, y cualquier rebaja solo se aplicará si la solvencia municipal lo avala.

Desde la oposición, la portavoz socialista Sara Sánchez fue mucho más crítica. Acusó al equipo de Gobierno de haber mantenido durante años una política “populista”, retrasando decisiones inevitables y utilizando el IBI como vía para evitar subir tasas.

A su juicio, el desfase entre el coste real de los servicios y lo que pagan los vecinos sigue sin corregirse, y el anunciado estudio económico llega “tarde”.

Más allá del cruce de reproches, el mensaje que queda es claro: la bajada del IBI no está descartada, pero tampoco garantizada. Dependerá de números, informes y decisiones que se tomarán a lo largo de este año y el próximo.

Cabe recordar, que 2027 es año de elecciones municipales, y cualquier movimiento fiscal tendrá inevitablemente una lectura política. Por ahora, la puerta está entreabierta. Ver si se cruza o no dependerá, como insistió el edil de Hacienda, de algo tan delicado, pero decisivo, como cuadrar las cuentas.